Crítica. El fraude de la “verdad histórica”.

“En sociedades como la nuestra todo es efímero, la información vuela y desaparece, se abandona, se olvida, no hay explicaciones ni contextos, vivimos más ruido mediático que hechos. México, es un país de abrumadoras injusticias, violaciones de la legalidad, falta de derechos humanos; dándonos la razón de lo que podríamos esperar los mexicanos de nuestro gobierno, nada.” -Escritor Paco Ignacio Taibo II.

Fotografía extraída de The New York Times.

A unos meses del séptimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, Guerrero. El tema sigue siendo de interés, tanto entre los mismos familiares y amigos de los jóvenes, como entre aquellas personas que siguen buscando respuestas a este hecho que quedará en la memoria de todos los mexicanos. Hasta el momento, aún no se sabe con exactitud qué fue lo que les ocurrió a los normalistas.

Un caso en el que la impunidad, la negligencia, las cortinas de humo y la corrupción fueron los principales actores. El proceso judicial sigue naufragando entre las diferentes versiones que existen, por lo que el gobierno mexicano sigue siendo visto como incapaz de llevar a cabo dicha investigación.

Por un lado, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, junto al entonces Procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam, impusieron la famosa “verdad histórica” el siete de noviembre del 2014; en la que se señalaba que los estudiantes habían sido asesinados, torturados e incinerados en el basurero de Cocula, municipio de Iguala, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Un equipo de forenses argentinos, quienes trabajaban junto a la Procuraduría, expidierón un comunicado asegurando de que aún no existían las evidencias necesarias para oficializar dicha información y que ellos no estaban presentes en el momento en el que se encontraron los fragmentos humanos. “Ellos estaban dando una versión oficial sin tener un sustento sólido y eso nos cuesta la relación con la PGR, ya que nosotros pusimos en duda algo que no había que poner en duda para ellos”, aseguró la coordinadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti.

Que tan mal debe de estar la credibilidad del gobierno por parte de los mexicanos, que incluso los padres de familia pedían y esperaban que los ojos de profesionistas internacionales estuvieran en México para que pudieran apoyarlos a sacar adelante la investigación; ya que, por parte del Ministerio Público, La Procuraduría General de la República (PGR) y Peña Nieto, las respuestas eran confusas, sin pruebas y poco creíbles. “Para nosotros mientras no haya resultados por parte de los forenses argentinos, todo lo que se dé a conocer por parte de la Procuraduría es falso.”, fue lo que mencionó un padre de familia en una protesta para obtener justicia.

Para ese entonces, la apariencia del gobierno era tan poco creíble, tanto así que, para calmar las aguas, se firmó el once de noviembre del 2014 un convenio de colaboración técnica, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para formar el grupo independiente de investigación. ¿Ellos serían la salvación del gobierno o su peor pesadilla?

Después de más de noventa días de no saber nada del paradero de los normalistas, los padres seguían desesperados, furiosos, confundidos y no era para menos, los altos mandos de la política mexicana solo se pasaban la pelotita de la responsabilidad del caso, ¿A qué estaban jugando estos personajes? “A partir de hoy, esta jornada de lucha va a llegar hasta que encontremos con vida a los 43 compañeros que nos faltan y le diremos al pueblo de México y al mundo que a partir de hoy desconocemos al gobierno de Peña Nieto por asesino”. Este caso estalló a nivel internacional, por lo que la reputación del gobierno mexicano estaba por los suelos.

Por el lado del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) entran en labor el dos de marzo del 2015, donde tenían que empezar de cero en una investigación que llevaba aproximadamente cinco meses, pero esto no evitaría su buen desempeño durante su tarea. “Los padres de familia solo nos decían que nosotros éramos su última esperanza y que por favor no nos vendiéramos”, mencionó Francisco Cox líder de la investigación por parte del GIEI.

El seis de septiembre del 2015, la “verdad histórica” que el gobierno mexicano imponía para que el caso fuera cerrado lo más rápido posible, se derrumbó por segunda vez, ahora más fuerte y con evidencias. En el primer informe del GIEI se niega totalmente la versión de la PGR y muestra un reporte del Ministerio Público en la que se menciona que el día 26 de septiembre del 2014, día en que ocurrieron los hechos, llovía a cántaros. Obviamente no es posible un incendio cuando el elemento que cancela el fuego es el agua, qué raro que los jóvenes estudiantes fueron incinerados bajo una noche lluviosa. “A medida que surgían más publicaciones sobre el informe oficial falso, aparecían más declaraciones tratando de enmendar la declaración antes dada por el gobierno”, mencionó Francisco Cox.

La urgencia por parte del gobierno de no quedar como tendencioso, falso e hipócrita tuvo cita en su nueva misión; a toda costa detener a los implicados en el delito. El resultado fue la detención de 142 personas, tanto hombres como mujeres de los cuales 77 ya han sido liberados por falta de pruebas en contra de ellos.

El GIEI vino a revolucionar la versión con la que tal vez los mexicanos nos habríamos quedado por creer que era la “oficial”, pero claramente ellos eran una fuerte amenaza para el gobierno ya que podían llegar a descubrir tantas cosas de las cuales los altos mandos del poder se habían encargado de esconder. Es así, como el 24 de abril del 2016 después de su segundo informe en el que vuelven a demostrar con cifras y con un experto en incendios, que los estudiantes jamás fueron incinerados en ese lugar, anunciaron su retiro tanto del caso como del país. Reiteran que no se van por que haya terminado su tiempo de investigación o por que los padres de familia estén decepcionados, si no, por la ausencia de voluntad política del gobierno federal para que ellos continúen en el país.

¿Por qué le temían tanto a la estadía de aquel grupo de investigadores en el país?, si el gobierno aseguraba no tener vínculo con la desaparición de los 43 normalistas. ¿Cuál era la necesidad/miedo de sacarlos de la investigación? El gobierno demostró a flor de piel, un miedo inmenso por aquel grupo de investigadores extranjeros que su única misión era darles respuestas a aquellos padres afligidos por no saber el paradero de sus hijos. Cada vez que el gobierno mexicano ha tratado de ocultar un hecho terrible, el tiempo se ha encargado de desmentirlo y demostrar la falsedad de éste.

Las secuelas de la matanza y desaparición de los jóvenes, se ha convertido en un eco inmenso, que reveló el “gran” gobierno que tenemos. Una sociedad con heridas abiertas, nunca sanan y en México, un lugar donde todo se oculta y se esconde, solamente el tiempo dará a conocer las partes oscuras de este caso.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Fotografía extraída de El Universal.