La brutalidad sigue impune en Aguascalientes

El 8 de marzo del presente año se llevó a cabo la marcha feminista por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también denominado 8M. El estado de Aguascalientes se dieron cita aproximadamente seis mil asistentes, según datos del periódico El Sol del Centro. ​Dicho evento comenzó de forma pacífica, sin embargo, al pasar las horas, el desenlace de la manifestación no fue el esperado.

La marcha en Aguascalientes comenzó en la Fiscalía General del Estado y concluyó en Exedra. Cuando las mujeres comenzaban a desalojar el lugar, un grupo de elementos policiacos comenzó con la detención de aproximadamente treinta asistentes haciendo uso de violencia, de las cuales ocho mujeres y un hombre fueron procesados por ser presuntos responsables de los delitos de daño y lesiones, mientras tanto, ningún policía enfrentó cargos ante las agresiones cometidas hacia las asistentes.

El Centro Prodh https://centroprodh.org.mx/ señaló que hubo un “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de las autoridades locales y pidió al gobernador Martín Orozco y a la Fiscalía General del estado “no usar el derecho penal -incluyendo la prisión preventiva- para criminalizar a las detenidas”. Lo cual logró que finalmente fueran liberadas el miércoles 10 de marzo a las 18:00 h aproximadamente según informes de la Comunidad Feminista Ags https://www.facebook.com/ComunidadFeministaAgs/ .

Las jóvenes exponen que su molestia no es solamente hacia las denuncias en su contra, sino hacia la impunidad que reciben los elementos policiacos, a pesar de haber usado la fuerza, pues las jóvenes fueron golpeadas, detenidas, acusadas y encarceladas dos días sin recibir ningún derecho básico.

Las recomendaciones de la CDHEA http://www.dhags.org/ incitan a que se retiren los cargos que se mantienen contra ellas, de los cuales son señaladas por resistencia, daño público y lesiones. Las jóvenes piden a las autoridades retirar los cargos y garantizar la no repetición en futuras marchas, que se emitan protocolos de seguridad ante marchas feministas y garantizar su libre manifestación.

Los elementos policiacos y el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, quienes estuvieron involucrados en los daños, siguen impunes ante las denuncias y no existen cargos penales en su contra “No hay sanciones porque la Comisión no quiso señalar a los culpables. No hay cumplimiento porque la Comisión no ha querido notificar su resolución a la autoridad. El gobierno no nos protege de los agresores y nadie nos protege del gobierno” https://www.lja.mx/2021/10/violencia-de-autoridades-evidencia-la-necesidad-de-seguir-marchando-detenidas-del-8m/ expresan las jóvenes con disgusto.